El Ayuntamiento de Coquimatlán solicitó la suspensión preventiva de los policías municipales exhibidos en un video donde presuntamente torturan a un hombre detenido, mientras avanzan las investigaciones iniciadas por autoridades estatales y de derechos humanos sobre los hechos ocurridos en noviembre de 2025.
El presidente municipal, Luis Gerardo Olivares, informó que presentó una solicitud ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para separar temporalmente de sus funciones a los agentes involucrados. Argumentó que, mientras se desarrollan las indagatorias, los elementos no deben permanecer en labores operativas, portar armas ni tener contacto con personas detenidas.
El caso salió a la luz tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un hombre identificado como “Gabriel N” con las manos atadas y el torso desnudo, mientras dos policías presuntamente le aplican la técnica conocida como waterboarding o ahogamiento simulado, considerada una forma de tortura.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima confirmó la autenticidad del material e inició una queja de oficio, además de requerir al Ayuntamiento un informe sobre lo sucedido. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, luego de que la presunta víctima presentara una denuncia formal.
El alcalde aseguró que el gobierno municipal colaborará con ambas investigaciones y sostuvo que cualquier servidor público que incurra en actos contrarios a la ley deberá enfrentar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Añadió que el Ayuntamiento mantendrá una política de transparencia durante el desarrollo del caso.
Asimismo, dirigió un mensaje a la presunta víctima y a su familia, al reconocer la gravedad de los hechos. Afirmó que ninguna persona bajo custodia policial debe ser objeto de violencia y reiteró que la tortura constituye un delito, no un método válido de actuación para las corporaciones de seguridad.
