Pagos a trabajadores fallecidos, docentes comisionados al sindicato y empleados con cargos de elección popular exhibieron irregularidades en el manejo del presupuesto educativo de Colima. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó un probable uso irregular de 25 millones 143 mil pesos durante 2025, recursos federales que debían destinarse a la nómina y operación del sector educativo.
La mayor parte de las observaciones correspondió a pagos por 19 millones 317 mil 474 pesos a 32 docentes que realizaban actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero cuyos salarios fueron cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), pese a que este tipo de pagos estaba prohibido.
A esto se sumaron un millón 771 mil 536 pesos destinados a cinco trabajadores que ocuparon cargos de elección popular, sin que las autoridades acreditaran que desempeñaban funciones relacionadas con la educación. La revisión también encontró que se pagaron un millón 450 mil pesos a 20 empleados fallecidos, lo que evidenció fallas en los controles de la nómina estatal.
Las inconsistencias continuaron con un millón 235 mil 847 pesos entregados a seis trabajadores con plazas en centros laborales cuyas ubicaciones eran incompatibles entre sí. También se observaron un millón 229 mil 419 pesos pagados a 10 empleados con licencia sin goce de sueldo y 138 mil 159 pesos entregados a nueve trabajadores después de su baja de la Coordinación de los Servicios Educativos.
El uso de los recursos educativos también presentó observaciones en otros fondos federales. A través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), se identificaron pagos por 186 mil 972 pesos a tres trabajadores del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) que no acreditaron la preparación académica requerida para sus puestos.
Por otra parte, la ASF pidió aclarar un millón 307 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), debido a que no se aplicaron penalizaciones por retrasos en obras de la Universidad Intercultural, ubicada en Comala.
Las irregularidades quedaron documentadas en la segunda entrega de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, que puso bajo revisión el manejo de los recursos federales por parte de las autoridades educativas de Colima.
