La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) denunció que en 22 estados del país, el crimen organizado aplica la extorsión, como un impuesto criminal y exige a negocios desde 500 a 50 mil pesos mensuales, por derecho de piso, tránsito de mercancías y por la seguridad familiar, siendo Colima “donde se agudiza más este problema”.
Según la ANPEC al primer trimestre de este año, las extorsiones se agudizan en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
“Colima, entidad perdida en la agenda pública, seguido de Zacatecas y Quintana Roo, son los estados más violentos del país en este desfile de extorsiones”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
Reveló que los pequeños comercios pierden hasta 20 por ciento de sus utilidades mensuales, porque se ven obligados a cumplir con las exigencias del crimen organizado.
La extorsión puede alcanzar un techo de hasta 50 mil pesos, dependiendo el giro del negocio y permanencia.
“La extorsión se dirige con total impunidad a esos comercios que son productivos y tienen vigencia en el mercado, es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fomenta la criminalidad”, afirmó el dirigente.
Indicó que estos actos desalientan la inversión, pues muchos emprendedores enfrentan la disyuntiva de pagar la extorsión o cerrar sus negocios.
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