Una década después de la última recomendación general emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades de Colima mantienen pendientes de acreditación 61 de los 64 puntos recomendatorios relacionados con la protección a periodistas, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Solo tres cuentan con seguimiento concluido.
Los compromisos derivan de cinco recomendaciones generales emitidas entre 2004 y 2016, dirigidas a distintas autoridades para corregir prácticas administrativas, disposiciones normativas y políticas públicas que puedan propiciar violaciones a los derechos humanos. Entre las instancias destinatarias figuran el Gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y los ayuntamientos.
Los señalamientos abarcan desde violaciones a la libertad de expresión de periodistas y comunicadores, contempladas en la recomendación 7/2004, hasta agresiones e impunidad contra trabajadores de los medios, abordadas en las recomendaciones 17/2009 y 20/2013. También incluyen el ejercicio de la libertad de expresión, mediante la 24/2016, y los agravios contra personas defensoras de derechos humanos, establecidos en la 25/2016.
La CNDH precisó que los 61 puntos abiertos no representan automáticamente una declaración de incumplimiento por parte de las autoridades, sino que permanecen bajo revisión porque falta recibir información sustantiva o suficiente para comprobar que las medidas fueron atendidas. Sin embargo, el balance mantiene bajo seguimiento la mayor parte de los compromisos establecidos desde hace años.
A las pendientes de acreditación se suma la falta de información desglosada sobre agravios contra periodistas y defensores en Colima. En respuesta a una solicitud de transparencia, el organismo reconoció que no localizó en sus archivos registros del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos con el nivel de detalle solicitado por año, autoridad señalada, tipo de agresión y estado de los casos.
Tampoco encontró oficios sobre solicitudes de medidas cautelares dirigidas a autoridades colimenses ni las respuestas correspondientes. Para consultar información general, remitió al Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, mientras que los documentos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas corresponden a la Secretaría de Gobernación.
La información fue proporcionada por la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales de la CNDH, mediante una respuesta firmada por Sandra Marely Montejo Pérez el 6 de noviembre de 2026, en la que quedó expuesto que la mayoría de los puntos recomendatorios dirigidos a autoridades de Colima continúa sin contar con elementos suficientes para dar por concluido su seguimiento.
