Una investigación penal de la Fiscalía General de la República (FGR) y un procedimiento disciplinario que propone la destitución e inhabilitación definitiva mantienen al juez federal de Colima, Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, bajo dos procesos paralelos. Su defensa prepara acciones ante organismos internacionales por presuntas violaciones a la independencia judicial.
La audiencia inicial de la causa penal 104/2026 está programada para el 14 de diciembre de 2026, a las 10:00 horas. Debido a que los tres jueces de control del Centro de Justicia Penal Federal en Colima se excusaron de intervenir, el Órgano de Administración Judicial designó a una jueza de Nayarit para conducir la diligencia de forma remota.
La FGR investiga al juzgador por el presunto delito contra la administración de justicia. Por separado, el Tribunal de Disciplina Judicial analiza un proyecto del magistrado Bernardo Bátiz Vázquez que plantea destituirlo e inhabilitarlo definitivamente por supuestas irregularidades en cuatro procedimientos abreviados, en los que habría reducido las penas de cinco personas acusadas de delitos relacionados con drogas y armas.
El expediente disciplinario comenzó a finales de octubre de 2025, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara actuar contra el juez a petición de la Secretaría de Marina. Hasta ahora, no se ha confirmado que la causa penal esté directamente vinculada con los procedimientos abreviados cuestionados.
La defensa también puso en duda la imparcialidad de la jueza designada para llevar el proceso penal. El abogado Arturo Guerrero Zazueta advirtió que judicializar las decisiones de los impartidores de justicia puede exponerlos a sanciones penales y disciplinarias por resoluciones que generen controversias.
Las restricciones para impugnar las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial mediante un juicio de amparo complican la defensa en el ámbito nacional. Por ello, la representación legal ya sostuvo reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la ONU para denunciar presuntas afectaciones a la independencia judicial.
En 2024, la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, había advertido sobre el presunto uso de descalificaciones públicas contra jueces que pueden derivar en quejas administrativas e investigaciones penales. Su pronunciamiento incluyó casos de otros juzgadores mexicanos sometidos a este tipo de procedimientos.
