El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró la emergencia económica por un periodo de 30 días, luego de que el Congreso de la República archivara una reforma tributaria con la que el gobierno pretendía obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026, decisión tomada bajo el argumento de una posible crisis fiscal derivada del desbalance entre gasto público e ingresos.
De acuerdo con el decreto presidencial, la declaratoria permitirá al Ejecutivo expedir medidas con fuerza de ley, entre ellas la creación de impuestos especiales, con el objetivo de alcanzar una meta de financiamiento estimada en 41 mil millones de dólares.
Hasta el momento, el gobierno no ha detallado qué tributos se aplicarían ni los sectores que resultarían afectados.
Aunque la economía colombiana mantiene un crecimiento superior a las previsiones iniciales, con estimaciones de entre 2.6 y 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto al cierre del año, el aumento del gasto público y del endeudamiento ha presionado las finanzas del Estado.
Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal se incrementó 2.5 puntos porcentuales y se prevé que supere el 7 por ciento del PIB en 2025.
El Ejecutivo impulsó una nueva reforma tributaria con la expectativa de recaudar alrededor de 4 mil millones de dólares, recursos que serían integrados al presupuesto de 2026, sin embargo, el proyecto fue archivado por el Congreso a inicios de este mes, pese a las advertencias del presidente sobre posibles recortes a la inversión pública en caso de no contar con nuevas fuentes de financiamiento.
Tras la decisión legislativa, Petro señaló en redes sociales que el gobierno “no permitirá que se genere una crisis fiscal” y advirtió que, de no aplicarse la emergencia económica, se tendría que recurrir a ajustes presupuestales.
El mandatario ha promovido desde 2022 una agenda de reformas estructurales, de las cuales solo las modificaciones laboral y pensional han sido aprobadas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la emergencia económica busca “recuperar los recursos que quedaron sin respaldo financiero tras el rechazo de la reforma”
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