Un magistrado del Poder Judicial de Colima fue denunciado por presuntamente ejercer tráfico de influencias y abuso de autoridad en un juicio familiar, con el fin de retrasar o evitar el pago de pensión alimenticia para sus hijos. La acusación ha encendido alertas entre especialistas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez.
La denuncia sostiene que el funcionario habría utilizado su posición para intervenir en decisiones judiciales relacionadas con la manutención, así como para obstaculizar trámites dirigidos a garantizar recursos básicos para los menores. El señalamiento apunta a un posible uso personal de la estructura institucional para obtener beneficios en litigios privados.
Documentos del expediente refieren que los horarios de convivencia, visitas y acuerdos parentales habrían quedado sujetos al criterio del magistrado, sin mecanismos externos de verificación. Esta discrecionalidad, denuncian, podría generar periodos prolongados sin contacto regular, afectando la estabilidad emocional y el bienestar de los niños.
La madre de los menores afirma que, pese al nivel salarial del funcionario, los depósitos recibidos resultan insuficientes para cubrir alimentación, servicios escolares y atención médica. Esta situación, asegura, ha provocado gastos extraordinarios y episodios de vulnerabilidad económica dentro del hogar.
El caso también involucra a la jueza responsable del procedimiento, señalada por presuntas omisiones y falta de supervisión sobre el cumplimiento de las medidas dictadas. De comprobarse, la actuación podría configurar responsabilidades administrativas o incluso penales dentro del sistema judicial local.
Colectivos de acompañamiento legal advierten que episodios como este profundizan la percepción de desigualdad en procesos familiares y evidencian la necesidad de reforzar controles internos para evitar abusos de poder. Subrayan que el interés superior de la niñez debe prevalecer por encima de jerarquías o cargos públicos.
Ante la denuncia, organizaciones civiles y abogados de familia exigieron una investigación transparente, independiente y sin privilegios procesales. Señalaron que el seguimiento institucional será determinante para garantizar que no exista impunidad y que los derechos de los menores sean plenamente restablecidos.
You must be logged in to post a comment Login