Tribunal ordena indemnizar a agente dada de baja en la SPSC de Campeche

Un nuevo revés judicial alcanzó a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche, luego de que un tribunal federal ordenara pagar indemnización y prestaciones a la agente Alín Perlett Uc Matos, al considerar ilegal la decisión que la dejó fuera de la corporación durante 2024. El fallo vuelve a colocar bajo escrutinio las bajas aplicadas ese año.

La resolución derivó del análisis del procedimiento disciplinario que originó su separación, el cual —según determinó la jueza de Distrito— se desarrolló sin respetar el derecho de audiencia ni permitir que la trabajadora conociera y respondiera a los señalamientos. Además, la autoridad policial suspendió sus percepciones con carácter retroactivo, práctica que fue considerada violatoria de garantías laborales.

El tribunal advirtió que mantener la sanción habría significado vulnerar la tutela judicial efectiva, principio que exige procesos transparentes y con posibilidad real de defensa. Por ello, se reconoció que la destitución careció de sustento normativo y se concedió el amparo solicitado por la exagente.

Como parte de las obligaciones impuestas, la Comisión de Honor y Justicia deberá asentar en el expediente laboral que la baja fue injustificada, así como liquidar la indemnización determinada constitucionalmente y cubrir prestaciones pendientes conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII.

No obstante, la sentencia precisa que la trabajadora no podrá regresar a su puesto, ya que la legislación prohíbe la reinstalación de elementos policiales cesados, incluso cuando tribunales federales concluyen que la separación fue ilegal. Esa restricción ya había sido aplicada en otro caso reciente, el del expolicía Emilio López Pérez.

Con este segundo fallo, se refuerzan los señalamientos sobre irregularidades administrativas en la corporación dirigida por Marcela Muñoz Martínez. Para especialistas y trabajadores afectados, las resoluciones apuntan a un patrón de decisiones disciplinarias adoptadas sin cumplir las garantías mínimas durante la crisis institucional de 2024.

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