El sector empresarial en Colima advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo representa un golpe a la democracia y debilita la protección de los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad. Eduardo Sánchez García, presidente de Coparmex en la entidad, afirmó que los senadores Ana Karen Hernández y Virgilio Mendoza aprobaron la iniciativa sin razonar su voto ni considerar las voces de los sectores afectados.
Sánchez García sostuvo que el amparo es una herramienta clave para garantizar derechos frente a actos arbitrarios de autoridades, y que limitar su aplicación, incluso de manera retroactiva, deja a la población desprotegida y sin mecanismos legales eficaces. “No se trata de privilegios ni de intereses particulares; es un asunto de constitucionalismo y defensa ciudadana”, señaló.
El dirigente señaló que los ciudadanos han enfrentado en el pasado decisiones de gobierno que afectaron sus derechos, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto y la construcción del Tren Maya, lo que demuestra la importancia de mantener vías legales de defensa abiertas y efectivas.
Además, alertó sobre el impacto económico que puede generar la reforma. La reducción de garantías legales podría desalentar la inversión formal, incrementar la informalidad y afectar la generación de empleos, lo que tendría repercusiones directas en la economía local y nacional.
Sánchez García insistió en que los legisladores deben escuchar a todos los sectores antes de aprobar cambios que afectan derechos fundamentales. Subrayó que legislar sin debate ni consulta limita la participación ciudadana y socava la legitimidad del proceso democrático.
Finalmente, hizo un llamado a los senadores colimenses a reconsiderar la reforma, abrir canales de diálogo con la sociedad y garantizar que las leyes protejan a los ciudadanos en lugar de dejarlos vulnerables ante posibles abusos de autoridad.
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