En lo que va de 2025, Colima ha reportado 1,481 desapariciones de personas, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, cifras que reflejan la magnitud de la crisis en la entidad y la persistente impunidad que enfrentan las familias.
Según la plataforma Red Lupa, la desaparición de personas en Colima se distribuye de manera desigual entre los municipios: Tecomán encabeza la lista con 440 casos, seguido por Manzanillo con 391 y la capital con 275.
En menor medida, Villa de Álvarez contabiliza 113 personas desaparecidas, mientras que Cuauhtémoc y Armería registran 95 casos cada uno, evidenciando que la problemática afecta de forma generalizada a distintas regiones del estado.
Estas cifras evidencian que la desaparición de personas no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que se mantiene sin solución efectiva. Organizaciones civiles alertan que la impunidad prevalece en casi la totalidad de los casos y que los espacios de participación y diálogo se están reduciendo, dejando a las familias sin apoyo institucional ni justicia.
La crisis local se enmarca en la conmemoración internacional del 30 de agosto, declarado por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, que se celebra desde 2011. La fecha busca visibilizar la gravedad de estas desapariciones y la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades.
En Colima, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas organizarán este sábado 30 de agosto la “Marcha Solidaria” por las principales calles de la capital.
La movilización partirá a las 16:30 horas desde la Plazoleta del Jardín de la Piedra Lisa, conocida actualmente como “Plaza de los Desaparecidos”, y concluirá en el Jardín Libertad frente a la Catedral Basílica Menor, donde se oficiará una misa a las 18:00 horas en honor a las personas desaparecidas.
La actividad busca mantener la visibilidad del problema, rendir homenaje a las víctimas y ejercer presión sobre las autoridades para que fortalezcan los mecanismos de búsqueda, reparación y justicia, en un estado donde la desaparición de personas sigue siendo un grave desafío social y humanitario.
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