La remoción prevista de 21.87 hectáreas de manglar y el dragado de más de 97 millones de metros cúbicos de sedimentos forman parte de los impactos cuestionados por el colectivo Salvemos Cuyutlán, que promovió un amparo contra el proyecto Puerto Laguna Cuyutlán, también denominado Puerto Nuevo Manzanillo.
La organización busca frenar posibles afectaciones a la laguna y a las comunidades vinculadas con este ecosistema. En el recurso jurídico cuestionó los decretos presidenciales relacionados con el recinto portuario y el procedimiento de evaluación ambiental, al advertir posibles violaciones a derechos humanos.
Entre sus argumentos, el colectivo señaló deficiencias en el análisis de los impactos acumulativos de la expansión portuaria y en los mecanismos para garantizar la participación de las poblaciones que podrían resultar afectadas.
También cuestionó la accesibilidad del expediente ambiental, integrado por más de 2 mil 300 páginas, cuya consulta física se realiza en la ciudad de Colima. A juicio de la organización, la disponibilidad digital de los documentos no garantiza que pescadores, salineros y habitantes de las comunidades cercanas puedan revisar la información y participar en el proceso.
Salvemos Cuyutlán sostuvo que la propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce modificaciones en el flujo del agua y contempla intervenciones que, según su postura, podrían comprometer la integridad del ecosistema.
Ante estos señalamientos, el colectivo solicitó a las autoridades federales negar la autorización ambiental del proyecto y llamó a las comunidades, organizaciones e inversionistas a considerar las posibles consecuencias de la ampliación portuaria sobre la Laguna de Cuyutlán.
