Al menos 418 carpetas de investigación por hechos de corrupción prescribieron en Colima entre 2019 y 2025, de acuerdo con información presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante el Congreso estatal, que ahora aprobó un plazo mínimo de 10 años para perseguir este tipo de delitos.
Las reformas al Código Penal eliminan la imprescriptibilidad que hasta ahora contemplaba la legislación para delitos como peculado, cohecho y enriquecimiento ilegítimo, pero establecen que los casos relacionados con corrupción no podrán prescribir antes de una década.
El Congreso modificó los artículos 104, 108 y 114 del Código Penal para establecer este nuevo esquema. Además, determinadas actuaciones de las autoridades podrán interrumpir el cómputo de la prescripción en delitos de corrupción, una regla distinta a la aplicable a otros ilícitos.
La Fiscalía había advertido ante los legisladores que este tipo de investigaciones pueden comenzar años después de los hechos, debido a que suelen detectarse mediante auditorías, fiscalizaciones, observaciones de órganos de control, procesos de entrega-recepción o denuncias posteriores al término de una administración.
Según los datos entregados al Congreso, las 418 carpetas prescritas representan 22.817 por ciento de los asuntos analizados durante el periodo de 2019 a 2025. La Fiscalía había planteado originalmente que el plazo comenzara a contar desde que una autoridad tuviera conocimiento formal de los posibles actos de corrupción, pero esa propuesta no fue incorporada en esos términos.
El cambio legislativo también responde a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que la persecución del peculado no puede mantenerse abierta indefinidamente. El máximo tribunal consideró que la imprescriptibilidad es una medida excepcional y que aplicarla a este delito vulneraba el principio de seguridad jurídica.
Con las reformas aprobadas, peculado, cohecho y enriquecimiento ilegítimo dejarán de ser perseguibles sin límite temporal, pero los delitos relacionados con corrupción tendrán un periodo de prescripción de al menos 10 años. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima.
