Los centros de rehabilitación de adicciones en Colima tendrán nuevas obligaciones para poder operar, mientras que la prevención del suicidio contará por primera vez con disposiciones específicas dentro de la legislación estatal, tras la aprobación de la nueva Ley de Salud Mental y Adicciones.
El Congreso del Estado aprobó el nuevo ordenamiento con 21 votos, con lo que quedó sustituida la legislación que hasta ahora regulaba principalmente la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
Los llamados anexos deberán contar con programas de tratamiento, planes individualizados para sus usuarios, expedientes clínicos y protocolos para responder ante emergencias. También tendrán que garantizar el consentimiento informado de las personas durante sus procesos de atención.
La operación de estos establecimientos quedará sujeta además a requisitos administrativos y sanitarios, entre ellos contar con aviso de funcionamiento, registro ante la autoridad estatal encargada de salud mental y adicciones y las autorizaciones municipales correspondientes. La nueva norma contempla denuncias por irregularidades y sanciones administrativas en caso de incumplimiento.
En materia de suicidio, la ley establece acciones para identificar a personas en riesgo, brindar atención inmediata y mantener seguimiento. También incorpora la posvención, destinada a familiares y personas cercanas después de una muerte por suicidio.
La responsabilidad de detectar posibles casos de riesgo no quedará únicamente en manos de especialistas. La legislación contempla protocolos y capacitación para personal de salud y educativo, elementos de seguridad y primeros respondientes, con el propósito de facilitar la identificación de señales y la canalización oportuna.
El nuevo marco también cambia el enfoque para atender la salud mental y las adicciones: reconoce ambas como parte de una política de atención basada en derechos humanos y establece un modelo comunitario. Además, contempla atención diferenciada para niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad psicosocial o intelectual, víctimas de violencia, personas privadas de la libertad, población indígena y otros grupos.
