Colima registró un aumento en las carpetas de investigación durante los primeros cuatro meses de 2026, al acumular 8 mil 987 expedientes, 727 más que en el mismo periodo del año anterior. Las cifras equivalen a un promedio de 75 denuncias diarias ante las autoridades de procuración de justicia.
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la carga de trabajo para las instituciones encargadas de investigar delitos continúa creciendo. Sin embargo, el incremento de denuncias también pone sobre la mesa una pregunta recurrente: cuántos de esos casos llegan realmente a resolverse.
Especialistas advierten que la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas del sistema de justicia. De acuerdo con estimaciones citadas por expertos, apenas una de cada cuatro denuncias logra concluir con alguna sanción, acuerdo reparatorio o resolución judicial, mientras que el resto permanece sin resultados definitivos.
La situación se agrava por los delitos que nunca son denunciados. Entre la cifra negra y las investigaciones que no avanzan, miles de víctimas quedan sin acceso efectivo a la justicia, alimentando la desconfianza hacia las instituciones encargadas de atender estos casos.
A las dificultades para resolver expedientes se suma una limitada capacidad operativa. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025 ubica a Colima como la entidad con la plantilla judicial más pequeña del país, con apenas 499 trabajadores y 55 órganos jurisdiccionales y administrativos.
Aunque existen mecanismos para agilizar procesos, como los juicios abreviados, especialistas coinciden en que el principal reto sigue siendo fortalecer la capacidad institucional. De lo contrario, el aumento constante de denuncias podría seguir ampliando el rezago y la percepción de impunidad en una de las entidades que enfrenta mayores desafíos en materia de seguridad y justicia.
