El proyecto de ampliación del Puerto Nuevo Manzanillo continúa en marcha mediante trámites administrativos y procesos de contratación, a pesar de que el expediente ambiental previo fue concluido y sin que exista, hasta ahora, una nueva Manifestación de Impacto Ambiental regional disponible para consulta pública.
De acuerdo con una revisión realizada por el colectivo Movimiento “Salvemos la Laguna”, con base en información oficial, distintas dependencias federales mantienen procedimientos activos que apuntan a la continuidad del proyecto en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán.
Entre estos movimientos se encuentra un proceso de contratación vinculado a acciones dirigidas al sector pesquero, con un periodo de ejecución que abarca varios meses, lo que indica que podrían estarse desarrollando actividades en la zona, aun sin un nuevo dictamen ambiental abierto al escrutinio ciudadano.
Asimismo, se identificaron gestiones relacionadas con la formalización de contratos y la adquisición de terrenos, incluidos predios de carácter ejidal, lo que representa un paso hacia la ocupación del área donde se prevé la expansión portuaria.
El colectivo advierte que este tipo de acciones implican avances concretos en el territorio sin haber reiniciado formalmente el procedimiento ambiental que, conforme a la normativa, debería incluir una nueva evaluación y mecanismos de participación pública tras el archivo del expediente anterior.
También se señala que, aunque existe una relación previa con el sector pesquero derivada de proyectos impulsados en años recientes, no hay claridad sobre los beneficios reales que estas iniciativas han tenido en las comunidades locales.
En contraste, no se encontraron elementos públicos que den cuenta de acuerdos con el sector salinero, actor clave en el equilibrio ecológico de la laguna, lo que plantea dudas sobre la inclusión de todos los sectores potencialmente afectados.
Pese a ello, el proyecto ya cuenta con recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, lo que refuerza su viabilidad financiera, aunque —según el colectivo— esto no sustituye la obligación de cumplir con los procesos ambientales ni con la transparencia hacia la ciudadanía.
