En Colima, el proceso de transición en materia de transparencia enfrenta un rezago operativo: la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) continúa sin permitir la presentación de recursos de revisión, pese a que ya concluyeron los plazos fijados para que las nuevas autoridades asumieran esas funciones tras la desaparición del Infocol.
La reforma que extinguió al organismo garante local estableció un periodo temporal para reorganizar la atención de inconformidades relacionadas con solicitudes de acceso a la información. Durante 90 días se suspendieron los recursos en trámite, con el compromiso de que, al término de ese lapso, quedaría restablecido el mecanismo para impugnar respuestas o la falta de ellas.
El plazo venció el 8 de febrero. Sin embargo, hasta el 10 de febrero la opción correspondiente seguía inhabilitada en la plataforma federal, lo que impide a las personas solicitantes interponer formalmente recursos cuando consideran que una dependencia incumple con la ley.
Como parte del rediseño institucional, la Contraloría General del Estado debía asumir las atribuciones cuasi jurisdiccionales que antes ejercía el Instituto de Transparencia, incluyendo la resolución de recursos de revisión. Paralelamente, los poderes públicos y órganos autónomos contaban con 60 días para adecuar su normativa interna y absorber las nuevas competencias.
La falta de activación del sistema digital genera un vacío práctico en la garantía del derecho de acceso a la información, ya que no existe un canal funcional para atender inconformidades derivadas de omisiones o respuestas incompletas de sujetos obligados en la entidad.
El escenario coloca bajo escrutinio el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos transitorios de la reforma y el impacto que la reestructura institucional tiene en la operatividad del sistema de transparencia en Colima.
