El Congreso del Estado de Colima no ha emitido una postura pública respecto a la ampliación del puerto de Manzanillo, un proyecto de gran escala cuya Manifestación de Impacto Ambiental fue negada por la autoridad federal y que ha sido señalado por sus posibles efectos sobre ecosistemas costeros.
Esta falta de posicionamiento ocurre mientras el propio Poder Legislativo reconoce, en la nueva Ley de Cambio Climático estatal, un deterioro ambiental significativo en la entidad. El documento señala que, en los últimos 25 años, Colima ha perdido aproximadamente una cuarta parte de su cobertura vegetal, de acuerdo con datos del INEGI, una disminución superior al promedio nacional.
El diagnóstico incluido en el decreto destaca que el estado cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos, entre ellos manglares, lagunas, esteros, ríos, dunas costeras, selvas y bosques, los cuales cumplen funciones ambientales estratégicas para la biodiversidad y la protección del territorio.
No obstante, el propio análisis legislativo advierte que estos ecosistemas han sido afectados de manera progresiva por el cambio de uso de suelo, la expansión agropecuaria, el crecimiento urbano y la presión sobre los recursos naturales, factores que han incrementado la vulnerabilidad ambiental del estado.
El Congreso también reconoce que Colima enfrenta una alta exposición a riesgos climáticos y naturales, como ciclones, sequías, inundaciones, incendios forestales y fenómenos geológicos asociados a la actividad sísmica y volcánica. Municipios costeros como Manzanillo, Armería y Tecomán se encuentran entre los más vulnerables, según el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático.
A pesar de este contexto, el Legislativo estatal no ha fijado una posición sobre la ampliación del puerto de Manzanillo, una obra que especialistas han vinculado con presiones adicionales sobre zonas costeras y marinas. La Ley de Cambio Climático establece la creación de instrumentos de planeación, evaluación y mitigación ambiental, cuyo desarrollo deberá concretarse en los próximos años conforme a los plazos establecidos en el decreto.
