El Congreso del Estado de Colima recibió una iniciativa para reformar el Código Penal local y tipificar como delito la realización de cirugías estéticas en niñas, niños y adolescentes, incluso cuando exista el consentimiento de padres, tutores o personas que ejerzan la patria potestad.
La propuesta plantea la adición del Artículo 129 Bis y busca sancionar penalmente los procedimientos quirúrgicos con fines exclusivamente estéticos o cosméticos en personas menores de 18 años, al considerar que este tipo de intervenciones puede implicar riesgos graves para la salud física y emocional.
La iniciativa fue presentada por la diputada Dulce Asucena Huerta Araiza, del grupo parlamentario de Morena, con el respaldo de legisladores de diversas fuerzas políticas, quienes señalaron que el objetivo central es fortalecer la protección del interés superior de la niñez y garantizar su derecho al desarrollo integral.
De acuerdo con el planteamiento, el personal médico que realice cirugías estéticas sin justificación terapéutica podría enfrentar penas de entre dos años ocho meses y hasta ocho años de prisión, además de sanciones económicas. En los casos en que estos procedimientos sean practicados por personas sin título profesional o sin autorización legal, las penas podrían incrementarse hasta los diez años de prisión.
El proyecto de reforma aclara que no se pretende criminalizar la práctica médica legítima, por lo que quedan excluidas las cirugías reconstructivas, reparadoras o terapéuticas debidamente justificadas, como aquellas derivadas de malformaciones congénitas, accidentes, quemaduras, procesos oncológicos o afectaciones funcionales acreditadas mediante dictámenes médicos especializados.
En la exposición de motivos, las y los promoventes retomaron como antecedente la denominada “Ley Nicole”, aprobada en Durango en 2023, y advirtieron que en Colima no existe actualmente un tipo penal específico que sancione estas conductas, lo que genera un vacío legal en la protección de la niñez.
La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y dictaminación, como parte de los esfuerzos por armonizar la legislación estatal con estándares constitucionales y reformas recientes aprobadas en otras entidades del país.
