Ante el adeudo de 110 millones de pesos que mantiene el Poder Judicial de Colima con el fondo de pensiones estatal, representantes sindicales advirtieron que resulta indispensable establecer aportaciones mensuales superiores a los 200 mil pesos para evitar un mayor deterioro financiero del sistema de jubilaciones.
El pasivo, acumulado con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, sigue prácticamente sin variaciones, pese a que recientemente se realizó un pago por una cantidad considerada mínima frente al tamaño del compromiso pendiente.
Desde el Sindicato de Gobierno se alertó que la falta de un esquema de amortización claro impide conocer cómo y en qué plazos se pretende cubrir la deuda, lo que genera incertidumbre entre trabajadores activos y jubilados.
Daniel Flores Ortega, secretario general suplente del sindicato, sostuvo que el problema no se resolverá con depósitos aislados, sino con una estrategia sostenida que incluya montos mensuales realistas y un calendario público de pagos por parte del Poder Judicial del Estado.
El dirigente advirtió que el adeudo no solo representa un tema administrativo, sino un riesgo directo para la viabilidad del sistema de pensiones, al tratarse de recursos que corresponden a los propios trabajadores del Poder Judicial.
Por su parte, la dirección del instituto señaló que continuará las gestiones con las autoridades judiciales para alcanzar un acuerdo que permita garantizar la estabilidad del fondo, en un contexto de presión financiera creciente.
Mientras no se defina un plan concreto de pagos, el déficit seguirá acumulándose como uno de los principales retos financieros del sistema de pensiones en Colima rumbo a los próximos ejercicios fiscales.
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