Las acusaciones por presuntos actos de tortura cometidos por agentes de instituciones locales se han acumulado en Colima durante los últimos años, con cientos de ciudadanos que han acudido a instancias penales para denunciar abusos durante detenciones y procesos de investigación.
Registros oficiales señalan que, desde el inicio del actual gobierno estatal en 2021, encabezado por Indira Vizcaíno Silva, la Fiscalía General del Estado ha tenido conocimiento de 241 denuncias penales por posibles prácticas de tortura atribuidas a integrantes de corporaciones estatales.
Las quejas no se limitan a hechos ocurridos en la vía pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que este tipo de abusos también se han presentado al interior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Colima, de acuerdo con investigaciones y testimonios recabados por el organismo.
Uno de los casos más relevantes fue dado a conocer en octubre de 2024, cuando la CNDH acreditó que una persona detenida en agosto de 2022 fue víctima de tortura física y psicológica por parte de agentes de los tres órdenes de gobierno, lo que derivó en una denuncia penal por tentativa de desaparición forzada.
En esa resolución, la Comisión emitió la Recomendación 162VG/2024 dirigida a la Secretaría de Marina, a la Fiscalía estatal y al Ayuntamiento de Manzanillo, tras comprobar que la víctima fue golpeada, sometida a intentos de ahogamiento y asfixia, tanto durante su detención como en los separos ministeriales.
Los dictámenes médicos y psicológicos elaborados bajo el Protocolo de Estambul confirmaron la existencia de lesiones físicas y secuelas emocionales, así como la congruencia del relato con métodos comúnmente asociados a la tortura, utilizada presuntamente como mecanismo de castigo y de obtención de información.
En este contexto, el 9 de julio de 2025 autoridades estatales firmaron un convenio para la creación del Registro Estatal del Delito de Tortura, herramienta que busca identificar la recurrencia de estos hechos, detectar patrones y fortalecer las investigaciones, en un escenario marcado por denuncias persistentes y señalamientos reiterados contra instituciones de seguridad en Colima.
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