La batalla legal para frenar el deterioro ambiental en la Laguna de Cuyutlán enfrenta un nuevo obstáculo: la falta de cumplimiento por parte de autoridades federales, a pesar de órdenes judiciales vigentes. De acuerdo con representantes de la comunidad, las dependencias responsables han mostrado resistencia para acatar las medidas de suspensión definitiva emitidas por un juez federal, al grado de que ya existe un procedimiento relacionado con un posible desacato.
El caso surge por décadas de denuncias contra la termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno, señalada por habitantes del poblado de Campos y organizaciones pesqueras por su impacto en el ecosistema lagunar y en la salud de los habitantes. Tras años de exigencias sin resultados, se promovió un juicio de amparo contra varias instituciones del gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad.
El expediente judicial contempla acusaciones por presuntas omisiones en la supervisión, en la aplicación de la normatividad ambiental y en las medidas preventivas exigidas para evitar contaminación en la laguna. Aunque el juez concedió primero una suspensión provisional y posteriormente una definitiva, las organizaciones aseguran que el cumplimiento ha sido parcial e insuficiente.
Como parte del proceso, el juzgado ordenó a las dependencias realizar verificaciones inmediatas sobre el funcionamiento de la planta y determinar si opera bajo la normatividad aplicable. Sin embargo, los informes entregados hasta ahora han sido cuestionados por su falta de detalle y porque no cubren los estándares requeridos en la suspensión judicial.
Ante esta situación, representantes de las comunidades afectadas preparan nuevas acciones legales para exigir medidas de apremio y obligar a las autoridades a ejecutar lo ordenado. Señalan que el objetivo del amparo es que se realicen estudios médicos y ambientales que evalúen el daño causado durante más de cuatro décadas, y que se establezcan responsabilidades por el impacto en el ecosistema y en las actividades económicas tradicionales de la región.
Los habitantes recuerdan que los episodios de contaminación se han repetido con el paso de los años, incluyendo derrames de combustóleo y afectaciones directas a la producción pesquera y agrícola. Para ellos, el proceso legal no solo busca sancionar irregularidades, sino impedir que esos daños continúen mientras las autoridades mantienen posiciones contradictorias frente a las resoluciones judiciales.
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