Los municipios de Colima y Villa de Álvarez enfrentan una brecha importante en su planeación financiera: ninguno de los dos contempla recursos específicos para atender desastres naturales, pese a los daños recurrentes por lluvias, deslaves e inundaciones.
En Colima, la Dirección de la Unidad Municipal de Protección Civil recibirá menos del 1% del presupuesto total, aproximadamente 2 millones 659 mil pesos, destinados mayormente a operación y nómina, sin reservar fondos para contingencias. El presupuesto establece que los excedentes, ahorros o subejercicios se aplicarán primero a la amortización de deuda y obligaciones financieras, y solo en segundo término podrían cubrirse fondos para pensiones o desastres naturales, aunque sin una partida específica.
Villa de Álvarez tampoco cuenta con un fondo destinado a emergencias. Los recursos se limitan a las funciones ordinarias de Protección Civil, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de respuesta ante tormentas, sismos o incendios forestales.
El marco normativo permite además que hasta un 85% de los ingresos de libre disposición se utilicen en gasto corriente, siempre que se mantenga un nivel de endeudamiento sostenible conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Especialistas en gestión de riesgos advierten que la falta de un fondo dedicado limita la capacidad de reacción inmediata ante eventos extremos, obligando a depender de apoyos estatales o federales y retrasando la atención a la población afectada.
Esta situación pone de relieve un desafío persistente en ambos municipios: a pesar de los riesgos naturales constantes, no existen mecanismos claros de previsión financiera que garanticen una respuesta ágil y efectiva ante emergencias.
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