A escasos meses de asumir funciones, los jueces y magistrados electos en Colima enfrentan un escenario incierto debido a la falta de normativas claras para su adscripción judicial. Aunque ya recibieron sus constancias por parte del Instituto Electoral del Estado (IEE), los futuros funcionarios desconocen en qué juzgados o salas serán asignados, ante la inexistencia del Órgano de Administración Judicial contemplado en la reciente reforma al Poder Judicial.
Esta situación, calificada como “improvisada” por los propios electos, revela que no hay legislación secundaria que respalde la implementación de dicho órgano, pese a que su creación es clave para definir estructura, competencias y administración del Poder Judicial. La reforma, impulsada y aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso local, establece que este órgano será responsable de la carrera judicial, la distribución territorial de juzgados, así como del ingreso y evaluación del personal.
Sin embargo, al día de hoy, no existe reglamentación que permita su funcionamiento, lo que genera preocupación entre los nuevos integrantes del sistema judicial, quienes temen quedar en un limbo administrativo y sin claridad sobre sus funciones reales.
El Órgano de Administración Judicial deberá estar compuesto por cinco miembros: uno propuesto por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y tres por el Poder Judicial. Su presidente será rotativo cada dos años y todos los integrantes tendrán un cargo de seis años. Según la reforma, dicho órgano debe comenzar a operar el mismo día que los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial tomen protesta, y tiene como fecha límite el 15 de octubre para adscribir a los jueces electos a sus respectivos órganos jurisdiccionales.
A pesar de la urgencia, ni el Congreso local ha elaborado la legislación complementaria ni se ha dado a conocer algún plan formal para instalar el nuevo organismo, lo que abre interrogantes sobre la viabilidad y legalidad del nuevo modelo judicial en Colima.
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