Mientras el periodismo enfrenta cada vez mayores desafíos en Colima, las herramientas legales creadas para proteger a quienes ejercen esta labor permanecen inactivas. En el Día de la Libertad de Expresión, resurgió la preocupación por la falta de implementación real de los mecanismos destinados a salvaguardar a las y los comunicadores en la entidad.
Una de las principales omisiones es la parálisis de la Comisión General de Protección Integral al Ejercicio Periodístico (COPIP), instancia que, en teoría, debería coordinar acciones para atender riesgos, generar protocolos de seguridad y brindar acompañamiento a periodistas amenazados. Sin embargo, su funcionamiento está detenido, lo que deja en el limbo legal a quienes requieren apoyo urgente ante situaciones de peligro.
Aunque Colima cuenta con una Ley de Protección al Ejercicio Periodístico y su respectivo reglamento, estos instrumentos han quedado como letra muerta debido a la falta de voluntad política para ponerlos en marcha. El llamado más reciente para reactivar la COPIP provino de la diputada local Betzaida Pinzón, quien criticó la omisión del Ejecutivo estatal en convocar e integrar esta comisión.
Pinzón, integrante del grupo parlamentario del PRI, advirtió que sin una estructura operativa que dé seguimiento a casos concretos y dialogue con instancias de seguridad, el periodismo en Colima seguirá en una situación frágil. Propuso además dotar de autonomía jurídica a la COPIP, con el fin de garantizar su independencia y mejorar su capacidad de respuesta frente a agresiones.
A pesar de los compromisos institucionales en torno a la libertad de expresión, la realidad muestra que muchos periodistas continúan expuestos y sin respaldo efectivo del Estado. Ante este panorama, la diputada reiteró su disposición a impulsar reformas legislativas y articular esfuerzos con el gremio para que la protección no solo se quede en discursos conmemorativos.
