La Aduana Marítima de Manzanillo, uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías en México, atraviesa una crisis que pone en riesgo la fluidez operativa y la economía regional. Cambios en la administración, que incluyen la incorporación de un mando militar sin experiencia aduanera, han desencadenado tensiones laborales y dificultades técnicas que afectan directamente el comercio internacional.
Desde principios de abril, empleados con larga trayectoria denuncian que las nuevas políticas han generado retrasos en procesos clave, como la revisión de importaciones y exportaciones, provocando filas prolongadas y cuellos de botella en las operaciones portuarias. El reemplazo de personal especializado por elementos militares ha sido señalado como un factor que contribuye a la disminución de la eficiencia y la confianza de los operadores logísticos.
Este deterioro operativo no solo afecta a los trabajadores, quienes reportan hostigamiento y despidos, sino también a las empresas que dependen del puerto para mover mercancías vitales para la economía local y nacional. Fuentes del sector señalan que el volumen de recaudación aduanal, que en meses anteriores alcanzaba más de 24 mil millones de pesos, ha caído notablemente, reflejo de una operación menos efectiva.
La situación alcanzó un punto crítico el 12 de mayo, cuando empleados realizaron una manifestación pacífica que paralizó parcialmente las actividades portuarias. Aunque se lograron acuerdos preliminares para retomar funciones, nuevos despidos y un despliegue policial en días posteriores evidencian una falta de consenso entre las partes.
La continuidad de esta crisis podría tener un impacto negativo en la competitividad del puerto de Manzanillo, considerado estratégico para las cadenas de suministro tanto nacionales como internacionales. Analistas advierten que la militarización y la falta de diálogo con el personal civil podrían erosionar años de desarrollo operativo y logístico.
Autoridades federales y responsables de la Aduana enfrentan el reto de equilibrar la seguridad con la eficiencia y la estabilidad laboral, elementos clave para mantener la posición de Manzanillo como un puerto de referencia en América Latina. La resolución del conflicto es urgente para evitar mayores pérdidas económicas y daños reputacionales.
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