Colima es el estado más violento de México, por segundo año consecutivo, con más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. Así lo revela el Índice de Paz México 2025 del Instituto para la Economía y la Paz, que advierte sobre el grave deterioro de la seguridad en esta entidad, convertida en el epicentro de la crisis nacional de violencia.
Durante la presentación del informe, Carlos Juárez, director del Instituto en México, subrayó que la violencia en el país ha dejado más de 300 mil asesinatos en la última década, además de una crisis de desapariciones que sigue creciendo. Según sus palabras, se trata de una “herida abierta” que muestra la profunda debilidad institucional frente al crimen organizado.
La situación en Colima se agrava por factores como la lucha entre grupos delictivos, la limitada presencia del Estado y altos niveles de impunidad. A pesar de los cambios en la estrategia de seguridad a nivel federal, no se han registrado mejoras significativas en la entidad, que permanece en el último lugar del índice nacional.
El informe también destaca otros focos críticos, como el incremento de feminicidios en el país. En 2015 se registraron 428 casos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 829. Esta forma de violencia ha golpeado con especial fuerza a regiones altamente violentas, entre ellas Colima, donde las mujeres enfrentan altos riesgos sin protección efectiva del sistema judicial.
Además, se documentaron 601 asesinatos vinculados a violencia política en los últimos años, fenómeno que también ha afectado a Colima y otras zonas dominadas por el crimen organizado. Esta tendencia socava la estabilidad democrática y agrava la percepción de inseguridad en las comunidades.
En contraste, Yucatán se mantiene como el estado más pacífico del país. Sin embargo, otras entidades como Tabasco, Sinaloa, Chiapas y Guanajuato mostraron retrocesos importantes en su posición dentro del índice, reflejando una problemática que se extiende más allá de un solo estado.
El Índice de Paz México 2025 hace un llamado urgente a replantear las políticas públicas en seguridad. En el caso de Colima, los datos confirman que la situación es crítica y requiere respuestas más eficaces, integrales y sostenidas para revertir la violencia que continúa afectando gravemente a su población.
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